La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley que establece la regulación del mercado de bebidas alcohólicas. El texto promueve acciones en ámbitos de la publicidad, fiscalización, prevención en ámbitos educativos y comunitarios así como se fomenta la participación de la ciudadanía.
El consumo de alcohol está aumentando en sus niveles de ingesta especialmente entre los jóvenes y en edades cada vez más tempranas. En Uruguay, los datos epidemiológicos dan cuenta del alto porcentaje del consumo problemático de bebidas alcohólicas, como así también de un importante número de personas con dependencia a esta sustancia.
La nueva norma, que fuera propuesta por el presidente Tabaré Vázquez, busca prevenir el consumo problemático de bebidas alcohólicas en la población, desarrollar estrategias para retrasar la edad de inicio en el consumo y plantea reformas en cuanto al registro de vendedores, publicidad, fiscalización, infracciones y sanciones.
Esta ley constituye un significativo paso en la construcción del diseño de una política nacional sobre el consumo problemático de alcohol, a partir de un marco regulatorio que incide en el mismo y en las consecuencias sociales y sanitarias, fundamentalmente en los sectores más vulnerables.
El texto incorpora acciones preventivas en el diseño, programación y ejecución de las políticas públicas en materia de consumo problemático de bebidas alcohólicas, que vinculen su impacto a razones de género y edad.
Promueve y potencia el desarrollo de programas en los ámbitos educativo, comunitario y familiar, para prevenir el consumo de riesgo y problemático de bebidas alcohólicas, tendientes a construir autocontroles sociales que logren, en un marco de Derechos Humanos y responsabilidad compartida, incorporarse a la cultura ciudadana.
Orienta a informar a la población sobre los efectos perjudiciales para la salud integral derivados del consumo problemático de bebidas alcohólicas, fomentando la participación activa de la comunidad en el diseño y ejecución de las acciones preventivas destinadas a abordar los problemas relacionados con el consumo problemático.
Como propósito mayor está el de modificar la cultura de consumo sin afectar las ventajas y beneficios de la actividad económica que lo sustenta.
El proyecto de ley fue aprobado con 51 votos en 84 legisladores presentes y pasará al Poder Ejecutivo para su reglamentación con un plazo de noventa días.