Martes, 09 10 2018
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Resoluciones Mesa Política Nacional 13/07/2018

Compartimos las resoluciones de la Mesa Política Nacional celebrada el 13 de julio de 2018

RESOLUCIÓN

ANTE LOS ASESINATOS DE MAS DE 300 LIDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DESMOVILIZADOS EN COLOMBIA.

En noviembre de 2016 se firmó en Bogotá (Colombia) el acuerdo de paz denominado ACUERDO PARA LA TERMINACION DEFINITIVA DEL CONFLICTO.

Luego de cuatro años de negociación, al inicio en Oslo (Noruega) y luego en La Habana (Cuba), y con ambos países como garantes de las conversaciones de Paz, se puso fin a más de 50 años de conflicto y de insurgencia armada por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El acuerdo contó con el respaldo y garantía del Consejo de Seguridad de la ONU que a los efectos de la firma final del acuerdo nombró una Comisión Política Especial.

Se avanzó de esa manera en la concreción de la región como zona de Paz como fue definido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014 lo que abría enorme expectativa para la región.

Se procedió en el marco de dicho acuerdo a la desmovilización y el desarme de las FARC y la entrega de las armas a la ONU, lo que quedó concretado a mediados del año pasado.

En tanto el gobierno de Colombia ha cumplido solo una parte limitada de los compromisos asumidos.

La gran preocupación es que desde que se firmaron los acuerdos de paz se han asesinado en Colombia a más de 300 líderes y lideresas de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos y a más de 50 desmovilizados de las FARC.

Esta situación se ha visto agravada, luego de las recientes elecciones presidenciales, en tanto se han sumado los asesinatos de coordinadores regionales de la campaña presidencial del candidato opositor Gustavo Petro.

ANTE ELLO LA MESA POLITICA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO entiende que:

El fracaso del proceso de paz no sólo afectará al hermano pueblo de Colombia sino que afectará al conjunto de la región.

El Gobierno de Colombia debe dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante la comunidad internacional. Lo que entendemos le debe ser exigido desde la propia ONU.

El Gobierno de Colombia debe garantizar la desarticulación de todas las bandas paramilitares y proteger la vida de representantes políticos y sociales.

Debe asimismo garantizar el ejercicio libre de la actividad política y social, tal cual el compromiso asumido en el marco de los acuerdos de paz y en primer lugar proteger la vida, para evitar una matanza como la ocurrida en la década del 90, en que fueron asesinados más de 4000 militantes políticos y sociales.

APROBADA POR CONSENSO

Montevideo, 13 de julio de 2018

RESOLUCIÓN

El pasado fin de semana asistimos a una nueva ofensiva judicial contra el ex Presidente Lula.

Ante un fallo favorable al Habeas Corpus interpuesto a los efectos de garantizar los derechos políticos del ex Presidente para ser candidato y poder realizar campaña electoral, se desencadenó una nueva ofensiva judicial y de la Policía Federal contra el ex presidente.

El fallo dictado por el Juez Rogelio Favreto, juez de turno del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región suspendía la ejecución provisoria de la pena. El juez Favreto en su fundamento de liberación sostuvo que la ilegal e inconstitucional pena impuesta al ex Presidente Lula, no puede castigar sus derechos políticos, y no puede restringir el derecho a los actos inherentes a la condición de precandidato al cargo de Presidente. Sosteniendo que “la ruptura de la igualdad entre los precandidatos sería suprimir la propia participación popular de los comicios”.

Una vez que le fue concedida la libertad por el Juez de Favreto y liberada la orden de ponerlo en libertad en forma inmediata, el juez Sergio Moro, de licencia en Portugal, comunicó a la Policía Federal que no fuera liberado y que se consultara a otro Juez en este caso Joao Pedro Gebrán Netto, del mismo rango que quien había dictado el fallo favorable al Habeas Corpus. Gebrán Netto que no estaba de turno ordenó no liberar a Lula, aduciendo que correspondería a él que fue el relator del proceso que condenó a Lula a doce años y un mes, a analizar el despacho.

El Juez Rogerio Favretto volvió a ordenar la liberación de Lula en el entendido que estando en funciones su orden no podía ser revocada por otro Juez, y que exigía una instancia colegiada que tomara dicha resolución de revocación de su fallo. Ante estos hechos, la MESA POLITICA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO: Reafirma una vez más que se está ante una persecución judicial contra el ex presidente Lula no sólo para evitar que sea candidato, sino para impedir que realice campaña electoral.

Que el hecho que, estando de licencia fuera del país el Juez Sergio Moro y dilatando el cumplimiento de la orden judicial por parte de la Policia Federal, no se concretara su excarcelación y a pedido de Moro, se procediera a consultar al Juez del Tribunal de Revisión Federal que dictó el rechazo de la apelación ante el fallo en primera instancia, expresa la connivencia entre actores judiciales y de la Policía Federal de Curitiba

Esto es continuidad del accionar de las elites de poder (empresarial y mediática) de Brasil, que en connivencia con actores del Poder Judicial, de la Policía Federal y del Ministerio Público, llevan adelante para impedir la participación del ex presidente Lula en la campaña electoral y llevar adelante un plan que pretende castigar desde el punto de vista económico y social a los sectores populares y someter la soberanía a los grandes intereses transnacionales.

Como ha quedado planteado por cientos de juristas a nivel del propio Brasil y a nivel internacional, la utilización de la Justicia con fines políticos pone en cuestión el Estado de Derecho en el vecino país

APROBADA POR CONSENSO

Montevideo, 13 de julio de 2018