HACIA UNA NUEVA REFORMA DEL ESTADO QUE NO REFLEJA NINGUN MODELO DE DESARROLLO PARA EL QUINQUENIO.
El proyecto de ley aprobado por cámara de diputados plantea en la sección II una serie de transformaciones fundamentalmente enfocadas en la Administración Central.
El articulado referido a esta temática puede resumirse a partir de la identificación de cuatro ejes fundamentales:
1- Rebaja salarial (art. 7º)
2- Reestructuras compulsivas y exprés de todos los incisos de la Administración Central
3- Excedencia, redistribución y retiros incentivados y,
4- Licencias por enfermedad
Concomitantemente se incluyen anuncios acerca de un nuevo sistema escalafonario y retributivo así como un nuevo modelo de carrera aportando muy escasa información que nos permita visualizar claramente contenidos y objetivos.
UN PROYECTO BASADO EN LA REBAJA DEL SALARIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS
En materia salarial el artículo 4º no prevé ningún mecanismo automático de recuperación del salario real que se perderá en 2020 y en 2021, que según las proyecciones oficiales sería de 0,7% y 2,5% respectivamente. Por tanto, en los dos primeros años del período de gobierno se acumulará una pérdida superior al 3%, que no está definido cómo ni cuándo se va a recuperar. Peor aún, en el caso de la pérdida de salario correspondiente a 2020, tampoco queda claro si efectivamente se va a recuperar. Naturalmente, la pérdida será mayor si la inflación no baja al ritmo que lo estima el gobierno. En los años siguientes, aún cuando la inflación baje como espera el gobierno, los menores aumentos de salarios previstos ocurren antes que el descenso de la inflación, por lo que también allí se perderá poder de compra. Por otra parte, el componente de recuperación (no es automático sino discrecional, dado que queda sujeto al “resultado financiero del sector público y las disponibilidades del Tesoro Nacional”, facultando al Poder Ejecutivo a dar un ajuste menor si “el resultado financiero del sector público previsto en el Presupuesto 2020-2024 no se cumpliera”, lo cual constituye un escenario altamente probable. El ocultamiento de las proyecciones de los salarios a lo largo del período van de la mano y tienen como objetivo no transparentar lo que a todas luces va a ocurrir. El ajuste fiscal, se dará vía reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y, por transitiva, de los jubilados.
Las transformaciones que se propone realizar el gobierno en el sector público se plantean precisamente en este contexto (rebaja del salario real de los funcionarios públicos) lo cual complejiza el abordaje de los procesos de reestructuración y, sobre todo, las declaraciones de excedencia. A esto hay que sumarle la emergencia sanitaria derivada de la incidencia del COVID 19 que colocó sobre las espaldas de los funcionarios públicos la financiación del Fondo creado a los efectos de hacer frente a los costos que el Estado debe soportar para atenderla.
UN ESTADO JUGANDO AL ACHIQUE.
Paradójicamente, en este contexto de ajuste y pérdida del poder de compra del salario de los trabajadores públicos, el proyecto prevé en forma compulsiva y exprés la realización de reestructuras organizativas. En este proceso el gobierno focaliza en forma casi central la declaración de excedencia de funcionarios públicos, como si fuera ese el objetivo central de este proceso de reformulación administrativa (algo más de un tercio del articulado de la sección II está destinado justamente al régimen de disponibilidad de los funcionarios).
No sabemos a ciencia cierta cuantos funcionarios pueden llegar a quedar desvinculados al final de este proceso. Lo que sí parece estar bastante claro es que en un escenario general de creciente desocupación (hoy el desempleo alcanza el 10,8%) y en un contexto de limitación para la provisión de vacantes, no parece sano colocar el foco en la excedencia y desvinculación de funcionarios tal como lo plantea el gobierno. Por más que se lo pretenda maquillar con la redistribución (que nace herida ya que se habilita el ingreso de nuevos funcionarios aunque existan otros para redistribuir), los retiros incentivados para los que tienen causal jubilatoria etc.
En un momento de crisis donde la presencia del Estado adquiere una relevancia mayor para atender vulnerabilidades, generar inversión y trabajo hacen todo lo contrario se opta por ir a contramano, lo cual podría ser consistente con lo expresado en la exposición de motivos del proyecto: no se centra en el Estado.
Por si todo esto fuera poco, el gobierno avanza en la regulación de una temática compleja como lo son las certificaciones medicas y lo hace en medio de la pandemia. Al respecto corresponde señalar que no se trata de tolerar abusos ni aceptar pasivamente una perspectiva demonizadora del funcionario que se enferma y al que se le rebaja su salario por esa razón.
La solución planteada en el proyecto pone de relieve la incapacidad de abordar esta cuestión sin recortar salarios. Porque es eso lo que queda al cabo del análisis de los tres artículos: una rebaja salarial a través de los descuentos proyectados con dos consecuencias bastante claras. En primer lugar, los trabajadores ante la eventualidad de los descuentos previstos concurrirán a trabajar enfermos. En segundo lugar, un ingreso de recursos a las arcas del Estado a partir de esos descuentos.
Por último, adelanta futuras acciones en cuanto a la implementación de un nuevo sistema de carrera y un nuevo sistema escalafonario aparentemente basado en ocupaciones. Mas allá de consideraciones técnicas que excederían esta síntesis vale la pena poner de relieve el paradigma refundacional que inspira esta parte del articulado en virtud del cual se pasa por encima a un proceso de construcción de quince años, que con aciertos y errores, supuso un cambio positivo en materia de función publica (ingresos y ascensos por concurso, planes y programas de capacitación para los funcionarios a través de la Enap, sistemas de evaluación del desempeño etc.).