Con 62 votos a favor en 88 legisladores presentes, en la Cámara de Diputados ayer se aprobó el proyecto de Ley Integral para Personas Trans, dando paso a su promulgación. Lo que supone un avance histórico al tratarse de una ley reparatoria para un colectivo que ha sido significativamente postergado y discriminado a lo largo de los años.
La misma propone, entre otras, asegurar el derecho a la educación, a la salud, al empleo y a la identidad de género para mejorar la calidad de vida de una minoría que ha sufrido y sigue sufriendo importantes desigualdades estructurales.
Es necesario tener en cuenta que debido a la fuerte discriminación de la que son víctimas, 3 de cada 4 personas trans son expulsadas del sistema educativo (en promedio) a los 14 años de edad. Además, la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años debido a que únicamente pueden acceder a la salud en la clandestinidad quedando expuestas al mercado informal y a sustancias y medicamentos inseguros. Por otro lado, 8 de cada 10 personas trans han sufrido discriminación en su trabajo y solo 3 de cada 10 logran conseguir un empleo que no siempre es formal; condenando a gran parte del colectivo a la prostitución.
Aproximadamente el ingreso mensual de una persona trans ronda los $7000, y la mayoría de esta población fue expulsada de sus hogares debido a la no aceptación de su identidad de género por sus propias familias.
Lo que esta ley incluye es:
- La posibilidad de adecuar los nombres en la identificación civil
- Un sistema de cuotas para el ingreso de personas trans en empleos públicos de un 1% de las vacantes a llenar.
- En materia de educación exige a las Instituciones educativas prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico. Además una cuota para personas trans del 2% de las becas a asignar.
- Obliga a que todos los prestadores de salud deberán brindar atención integral para adecuar su cuerpo a la identidad de género de las personas trans. Esto incluye tratamientos quirúrgicos.
- En materia de vivienda establece de interés general la inclusión de la perspectiva de género en los programas que garantizan el acceso a la vivienda.
- Un régimen reparatorio para las personas trans, nacidas antes de 1975, que puedan demostrar que han sido víctimas de discriminación institucional o hayan sido perjudicadas en el acceso al empleo o el estudio por parte del Estado. La reparación mensual será de 3 BCP ($11.500).
Con la creación de estas políticas públicas se intentará disminuir la discriminación estructural y permanente que históricamente han atravesado -y aun atraviesan- las personas trans para integrarlas en ámbitos primordiales y garantizarles derechos fundamentales de los que no gozaban a raíz de su identidad de género. Una ley justa, necesaria y urgente que hoy es realidad y supone mejorar las condiciones de vida de cientos de personas trans a lo largo y ancho del país.