Los inmuebles vacíos y degradados resultan un problema que involucra a la sociedad en su conjunto. El alto número de éstos en las áreas urbanas que cuentan con acceso a las redes de infraestructuras y todos los servicios es una preocupación creciente para esta fuerza política y el gobierno en su conjunto. Por ello es necesario legislar para promover el cumplimiento de las obligaciones legales del propietario, recurriendo a la declaración judicial de inmueble urbano vacío y degradado.
Atendiendo esta problemática, la Cámara de Diputados sancionó ayer, con 62 votos a favor en 77 presentes, el proyecto de ley de Inmuebles Urbanos Vacíos y Degradados, que declara de interés general el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble urbana. El mismo contaba con media sanción de Diputados y con la aprobación del Senado en el día de ayer, fue comunicado al Poder Ejecutivo para su promulgación.
En el país hay cerca de 50 mil viviendas abandonadas. Estos inmuebles no están siendo aprovechados adecuadamente y corren riesgo de seguirse deteriorando, producen impactos negativos en el entorno que inciden en la convivencia social y pueden afectar a los inmuebles linderos y generar conflictos de convivencia, que afectan la seguridad física de personas y bienes, la salubridad, habitabilidad, las relaciones de vecindad y convivencia, así como desvalorización de las propiedades.
Mediante este proyecto se procura aportar herramientas que complementan a las ya existentes. Se recurre a la figura de la declaración judicial de inmueble urbano vacío y degradado, con el fin de promover el cumplimiento del propietario de su deber de conservar el inmueble, instándolo a su rehabilitación. Si el propietario no comparece, no puede rehabilitar el inmueble o no tiene interés en ello, se prevé la venta judicial del mismo para que un nuevo propietario lo rehabilite.
Para los casos en que se llegue a la venta judicial del inmueble, el proyecto resguarda los derechos de los propietarios y demás personas que aleguen derechos respecto del inmueble. Dichos derechos subsistirán y recaerán, con las mismas prioridades que pudieran existir, sobre el precio de la venta judicial.
Desde el Frente Amplio entendemos que la ciudad es un bien de carácter público y colectivo. Las políticas de vivienda son prioritarias para la agenda de derechos, así se establece en las bases programáticas que están siendo analizadas por nuestra fuerza política.
Este proyecto de ley procura una nueva conceptualización del rol del suelo urbano. Se trata de una nueva herramienta que busca reducir la contradicción existente mediante la cual miles de familias uruguayas viven en lugares donde no acceden a los servicios mínimos indispensables, mejorando la democratización del acceso a la ciudad y la vivienda.