El trabajo y la seguridad social como derechos humanos fundamentales conforman un sistema cuya calidad hace a la de la sociedad. Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, los avances en materia de seguridad social son elocuentes. Hoy somos el país con mayor cobertura de seguridad social en América Latina y durante los últimos 6 años Uruguay cuenta con el más alto número de cotizantes en el BPS de su historia.
Durante la reunión del Grupo de América Latina y Caribe (GRULAC) con el Departamento de Protección Social de la OIT, para el Informe Mundial de la Protección Social 2017-2019, vinculado en esta ocasión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se definió a nuestro país como “campeón” del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de protección social y destacaron la disposición uruguaya para compartir su experiencia en la región.
El organismo recomendó replicar las experiencias de Uruguay como un ejemplo en cuanto a la promoción de la cultura de protección social, destacándose:
La Cobertura total por maternidad, cobertura universal en materia de pensiones, protección de madres de recién nacidos, protección de personas con discapacidad, ampliación de la cobertura legal a niños, avances en materia de licencia de paternidad, cobertura universal de mujeres, inversión del 50% del presupuesto en adultos mayores, aplicación del mono-tributo, y que el 90 % de las personas cuentan con al menos un tipo de protección social.
En noviembre del próximo año la OIT celebrará su centenario con diversas actividades que repasarán los principales logros históricos y los desafíos del futuro con publicaciones de experiencias de países líderes en protección social como Uruguay.
Los avances son indiscutibles. Esta fuerza política apuesta a continuar este proceso de reforma del Sistema de Seguridad Social que nos destaca a nivel internacional de forma tal que todos sus componentes converjan en base a los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, equidad y viabilidad fiscal, apuntando a mejorar las garantías para las y los trabajadores y sus familias.