En la última década nuestro país mostró un crecimiento sostenido que generó una presión sobre la infraestructura.
La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los pilares fundamentales de las políticas de desarrollo, en tanto contribuye a reimpulsar el dinamismo económico, lo que en definitiva contribuye a generar mayor empleo y aumenta la productividad de forma sostenida, sentando las bases para una agenda de desarrollo con inclusión.
El Plan Nacional de infraestructura “Es la mayor inversión en la historia del país”, indicó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García. Su financiamiento proviene de privados, fondos de empresas estatales y fijados en el Presupuesto Nacional, y de la Corporación Vial del Uruguay, siendo financiado en un 66% con fondos públicos y el resto por privados.
De los 15 proyectos a realizar por el sistema de Participación Público Privada (PPP), uno de ellos es el que corresponde al penitenciario de Punta de Rieles que ya está operando y otro es el de las rutas 21 y 24 que se encuentra en ejecución. Asimismo, otros cinco están en etapa de evaluación de ofertas para vialidad e infraestructura social para la construcción de centros de primera infancia y liceos.
“La inversión es un pilar básico para el crecimiento económico y, por eso, Uruguay tiene varios instrumentos para su fomento”, indicó García. El avance del Plan alcanza el 73% tanto en el área de la energía como en el de las comunicaciones, 72 % en puertos, 63 % en vialidad, 54 % en vivienda, 53 % en infraestructura social y 45 % en agua y saneamiento.
Desde el Frente Amplio reafirmamos la importancia de las políticas de inversión pública orientadas a promover la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo y social del país. Para ello, las herramientas de PPP habilitan a formas de financiamiento que aseguren mayor inversión pública y prestación de bienes públicos con una adecuada distribución de riesgos, siendo financiadas por el sector privado.