Para Miranda, “el centro de la conversación no debería estar en el proyecto de reglamentación del artículo 38” sino en determinar si el conjunto de “medidas propuestas por el Poder Ejecutivo son satisfactorias o no”. Para el presidente de nuestra fuerza política ese conjunto de medidas propuestas “son notarialmente insuficientes, en materia sanitaria para prevenir el contagio, y sin dudas, son absolutamente ausentes en materia de sostenimiento económico y social de la población más vulnerable”.
“El proyecto es francamente inaceptable, muy mal fundado en el artículo 38, el artículo 38 no prevé razones de interés general, prevé razones específicas de seguridad, de salubridad, no de interés general” argumentó. “Es un muy mal proyecto sin garantía ninguna”.
Frente a ello, la actitud que asume el Frente Amplio es una actitud responsable de plantear una alternativa. Si es un problema de salud, no un problema de seguridad, la iniciativa debe ser de la autoridad competente, es decir, del Ministerio de Salud Pública, que es quien puede determinar si la reunión de un conjunto de personas es peligrosa para la salud y la situación de epidemia. Para ello la alternativa presentada por el Frente Amplio es ir por el artículo 44 de la Constitución que establece que la autoridad sanitaria es quien debe velar por la salud de la población.
Para Miranda el funcionario policial debe tener claro cuándo actuar y “no dejarlo al albedrio o a la discrecionalidad del propio funcionario policial si la situación genera riesgo o no y si debe actuar o no”. Asimismo considera que si el funcionario policial va a actuar, debe dar cuenta al Sistema de Justicia para garantizar derechos fundamentales.
“Hay una cierta cuota de improvisación en los proyectos que se presentan. Es un problema de cómo conducirse en la gestión pública”. En este caso “parece un proyecto hecho a las apuradas” que no tiene en cuenta incluso la normativa internacional. Recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el comité creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en setiembre de 2020 dictó una observación general respecto al artículo 21 del pacto, que es justamente el derecho de reunión.
Asimismo Miranda entiende que hay un problema serio de responsabilidad. Para él, el Gobierno asumió una actitud de la “libertad responsable” mediante la cual le traslada la responsabilidad a la población. “Cuando teníamos 20 casos por día era un éxito de la buena política y seriedad de la política del Gobierno, ahora cuando se dispara, resulta que la responsabilidad es de la gente”. “¿Si hay baja percepción del riesgo, que la hay, de quién es la responsabilidad?” se preguntó. “De aquellos que envían los mensajes a la ciudadanía”. “Por supuesto que todos tenemos que hacernos responsables, ahora el Gobierno no puede decir que la responsabilidad es solo de la gente” consideró.
Con respecto al ingreso de ciudadanos uruguayos al país, considera que hay cuestiones más de fondo que tiene que ver con el derecho migratorio, para Miranda es una medida que habría que estudiar su constitucionalidad.
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