El Senador frenteamplista suplente José Carlos Mahía realizó declaraciones a la prensa en el marco de la comparecencia del director de Inteligencia del Estado para intercambiar sobre las normas propuestas en la Ley de Urgente Consideración respecto a las potestades de su figura.
Para el legislador, “el Uruguay tiene que tener un equilibrio justo entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el control parlamentario”. Mahía indicó que la primera preocupación del Frente Amplio es que no estaba previsto el control parlamentario de la figura del Secretario de Inteligencia. Asimismo, manifestó preocupación por el desequilibrio que se genera con respecto al peso del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en detrimento de éste último.
Tratándose de una materia “tan sensible” como lo es el conocer datos privados de las personas, el Frente Amplio entiende necesario que exista un equilibrio justo entre los tres poderes del Estado, sentenció el legislador.
En ese sentido, se recibió una respuesta afirmativa a los requerimientos del Frente Amplio, lo cual es valorado por el senador, de volver a lo que estaba previsto originalmente con respecto a que el Parlamento tenga un responsable político que no depende de presidencia. “El Uruguay tiene que tener un equilibrio justo entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el control parlamentario”. No obstante, se entiende que se mantiene una norma que genera, al entender de legisladores frenteamplistas, limitaciones al Poder Judicial a la hora de la protección al ciudadano.
Mahía entiende que tal cual está el texto, se reserva al Presidente y al Secretario de Inteligencia del Estado el acceso a la información secreta de los ciudadanos, lo cual “es muy peligroso”. Para el legislador, es preciso tener en cuenta que quien siempre está en desventaja es el “ciudadano común, que resulta el más débil” y por tanto es “a quien debemos proteger”. De esta manera se “pasa por el costado de las actuaciones judiciales que son la garantía máxima para un ciudadano en la vida cotidiana”.
Inconveniencia en los atributos.
Mahía considera peligroso establecer una norma que trasciende la actual administración. “La ley viene del período pasado, fue votada por unanimidad y ahora no nos parece una buena práctica que los cambios sean aprobados por mayoría” pero no por unanimidad.
Para él “no ha habido cambio en los hechos que amerite estos cambios a algo que se estudió durante 11 años y que tuvo acuerdo unánime en ambas cámaras” cuando, salvo Cabildo Abierto, todos los partidos políticos que estaban representados en el período anterior, también están representados hoy.