La entrega de soberanía más grande de la historia reciente de nuestro país. Eso es lo que hizo este gobierno. Es la entrega del puerto de Montevideo en forma arbitraria, ilegal y en contra de los intereses nacionales. Una sola empresa controlará la puerta de entrada y salida de casi todos los productos que exportamos y que importamos los uruguayos, y podrá fijar libremente los precios que quiera para la mayor parte de los servicios que cobra. Y todos lo estaremos pagando cuando compramos un electrodoméstico, alimentos importados o una máquina para la industria nacional. Y esto hasta el año 2081. Por eso afirmamos que este es un acuerdo negativo para los bolsillos de todos los uruguayos y que compromete nuestro futuro.
Es demasiado importante lo que está en juego. El acuerdo entre el gobierno y la empresa multinacional belga Katoen Natie (KN) compromete a varias generaciones de uruguayos durante 12 períodos de gobierno, entregando la principal puerta de entrada comercial en forma de monopolio. Esto nos afecta y compromete a todos.
Donde había competencia, el gobierno consagra un monopolio. Antes del acuerdo dos empresas competían en la operativa de contenedores en el puerto de Montevideo. TCP (que en un 80% es propiedad de KN y 20% de la ANP) lo hace en una terminal especializada y la otra empresa desde los muelles públicos que administra la ANP. La esencia del acuerdo es la creación de un monopolio hasta el año 2081 para el manejo de contenedores en favor de TCP (KN).
¿Por qué decimos que es un monopolio? Si por el acuerdo todos los contenedores deben pasar por TCP, se prohíbe el manejo de contenedores en los muelles públicos de la ANP, y en los hechos se vuelve imposible que haya una segunda terminal en el futuro, está claro que por lo menos hasta 2081 TCP tendrá la exclusividad para todo el manejo de contenedores en nuestro puerto. Por eso decimos que estamos ante un monopolio.
No nos dejemos entreverar por los falsos argumentos del gobierno. Lo cierto es que la terminal especializada que se licitó en 2001 y que se adjudicó a TCP, debía prestar sus servicios en “condiciones de libre competencia con otros operadores que actúen en otros muelles” y “no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del Puerto de Montevideo”, como lo estableció la ley. Todo esto cambió radicalmente en el nuevo contrato que establece justamente lo contrario de lo que se licitó en 2001.
El acuerdo que hizo el gobierno es ilegal. En primer lugar, lo que firmó el gobierno no es una ampliación, prórroga o modificación menor del contrato de concesión original, sino que cambia la esencia de lo que se licitó en 2001. Esto no podía hacerse sin modificar la ley de la subasta de 2001 y luego llamar a un procedimiento competitivo. En segundo lugar, la Ley de Puertos protege la libre competencia en el puerto, por lo que toda ventaja competitiva que se le dé a cualquiera de los actores es ilegal. En tercer lugar, viola la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la distribución y comercialización de bienes o servicios y obstaculizar el acceso al mercado de potenciales entrantes al mismo. Pero lo que es peor, viola la propia Constitución de la República, que no permite al Poder Ejecutivo conceder monopolios. Sólo el Parlamento puede hacerlo, mediante una ley aprobada con una mayoría especial.
La amenaza de un juicio que parecía imposible que el Estado perdiera. El argumento del gobierno para firmar el acuerdo es la amenaza de KN de hacerle un juicio internacional al Estado uruguayo por un monto de 1.500 millones de dólares. Con la excusa de evitar ese juicio, el gobierno de Lacalle Pou llevó adelante el acuerdo sin haber siquiera solicitado informes jurídicos sobre la viabilidad del reclamo. Tampoco el monto de la amenaza tiene ningún asidero y nunca fue fundamentado. Es decir que el gobierno se rindió antes de siquiera conocer la supuesta demanda, cuando tenía elementos muy sólidos para ganar.
Las virtudes del acuerdo que el gobierno señala, no son tales. El gobierno anunció que el acuerdo baja los precios que cobra KN. Tenemos que tener en cuenta que en realidad sólo hay una baja comprometida para lo que se cobra directamente a los exportadores, no así a las importaciones y que se liberan los precios que se le cobran a los barcos. Por cierto, KN hoy tiene precios muy superiores a los de la empresa competidora, que tendría que dejar de operar como consecuencia del acuerdo. Por tanto, es de esperar que el operador monopólico suba los precios que le cobra a los barcos durante los próximos 60 años y esto va a aumentar los costos de nuestras exportaciones y encarecer lo que consumimos todos los uruguayos.
Por otra parte, el compromiso que asumió KN de realizar una serie de inversiones para ampliar la capacidad de la terminal, en realidad son inversiones para su propio provecho, y se van a financiar con las renuncias fiscales que le garantiza el acuerdo, y una parte menor la va a tener que poner la ANP por ser accionista; es decir que las vamos a terminar pagando todos los uruguayos.
¿Cuánto vale este negocio? Como consecuencia de este acuerdo, KN vale hoy unos 2.000 millones de dólares más que hace unos meses. Esto se deriva de las ganancias que obtendría tanto por la extensión del plazo de concesión, como por el hecho de que pasa el 100% del mercado, cuando hoy tiene la mitad y además le mejoran las condiciones para la explotación del negocio. Por eso afirmamos, que este acuerdo le generó una ganancia sustancial e indebida a esta empresa.
El Estado se ata de pies y manos y asume costos enormes. El acuerdo impide que el Estado pueda regular los precios del monopolio que se crea, impide que el Estado pueda llevar adelante una política portuaria, condena a que las millonarias inversiones que el Estado ya hizo en el puerto (los muelles públicos de la ANP que dejan de operar contenedores) queden ociosas o subutilizadas. Por otra parte, el Estado asume costos enormes, al comprometerse a profundizar el dragado hasta la profundidad que la empresa lo solicite, entregar terrenos, que UTE le deba comprar la energía que generen los molinos al precio de venta al público, otorgar beneficios tributarios, etc. Y, como si todo esto fuera poco, como era previsible, ahora Montecon, la empresa que opera en los muelles públicos del puerto, inició una demanda contra el Estado uruguayo.
Un acuerdo en secreto. Los representantes del gobierno no sólo aceptaron darle todos estos beneficios ilegales a KN negociando en secreto -a espaldas incluso de sus propios socios de la coalición- sino que resolvieron darle todos estos beneficios a la empresa sin solicitar ni un solo informe jurídico o económico que avale la legalidad o la conveniencia de lo que estaban haciendo. Es más; el gobierno contaba con dos informes jurídicos que decían que KN no tenía razón en su reclamo que fueron ignorados y ocultados. Y por si esto fuera poco, una vez firmado, el acuerdo se mantuvo en secreto durante dos meses más, mientras se hacían trámites para abroquelar el acuerdo, antes de que la opinión pública supiera lo que estaba pasando. ¡Tanto secreto para cerrar un acuerdo que va a comprometer al país por 60 años!
¿Qué está haciendo el Frente Amplio ante esta situación? El Frente Amplio está siguiendo todos los caminos constitucionales y legales que tiene a su disposición para intentar revertir esta situación, que va a afectar en forma gravísima al país durante seis décadas y ata de pies y manos a los próximos doce gobiernos. Entre otras acciones, se interpeló al ministro Heber, se difundió el tema en la opinión pública, y se denunció ante la Justicia la existencia de hechos de presunta corrupción que podrían configurar delitos. Estos hechos son, principalmente:
- Se firma una transacción en la que se reconoce una supuesta responsabilidad del Estado por hechos pasados que lejos de probarse no cuenta con informe alguno que lo respalde, y que –seguramente- de haberse consultado a asesores legales, lo habrían desaconsejado firmar.
- Se otorga, a un privado, un beneficio millonario notoriamente ilegal.
- La ley exige para estos casos, un pronunciamiento del directorio de la ANP. En este caso el Presidente del organismo se arrogó un derecho que no tiene, ocultó el texto del acuerdo a los demás directores y gerencias de la ANP y se pronunció solo, a pesar que la Asesoría Jurídica le indicó que debía hacerlo el directorio.
- En el apuro por dictar los decretos antes de hacer público el contenido del acuerdo, en algunas actuaciones administrativas se antedataron actuaciones para ocultar irregularidades en el procedimiento.
En suma, un negocio ilegal y absolutamente inconveniente que hipoteca el futuro de varias generaciones de uruguayos y uruguayas.