El proyecto busca la creación de un instrumento de política más efectivo y complementario de la actual ley de Parques Industriales (Nº 17.547), reforzando la herramienta e introduciendo nuevos incentivos que permiten potenciarla.
Se busca la creación de espacios productivos que concentren empresas industriales que generen entre sí una sinergia y complementación. En definitiva, impulsar la creación de espacios adecuados para la instalación de industrias, estableciendo un proceso de desarrollo económico y social para zonas que no tienen capacidad de lograrlo por sí solas.
Los Parques Industriales (PI) y Parques Científico-Tecnológico (PCT) son instrumentos muy utilizados en el ámbito internacional, ofrecen a las empresas un medio propicio para ganar en productividad y eficiencia, facilitando el acceso a innovaciones tecnológicas.
Ambos tipos de parques contribuyen con la revalorización de determinadas zonas, aportando a procesos de desarrollo local. Al mismo tiempo, contribuyen al dinamismo económico en poblaciones generando empleo y capacidades.
Los PI permiten la localización de las industrias de manera ordenada, evitando conflictos por el uso del suelo. Al mismo tiempo, contribuyen con la racionalización del tránsito vehicular, de transporte de trabajadores, manejo de efluentes y residuos varios, entre otros.
Por su parte, los PCT aportan a la generación de conocimiento aplicable al proceso productivo, así como a la existencia de transferencia tecnológica entre la academia, empresas y otras instituciones allí instaladas, para que lleguen a los mercados.
En Uruguay, la Ley N° 17.547 estableció una serie de pautas y estímulos fiscales para la implantación de los PI, sin embargo, los resultados han sido muy magros. Por tal motivo, se presentó este proyecto de ley para potenciar el instrumento y aportar a los objetivos de desarrollo equilibrado y con valor agregado en el territorio.
La Senadora Sandra Lazo, miembro informante del proyecto en el Senado, informó que en la actualidad hay siete parques industriales en funcionamiento. Cuatro de ellos son públicos, casi todos ubicados en la zona sur: Colonia, Canelones, Paysandú y Montevideo y que con respecto al empleo, alcanza a unas dos mil personas en los parques que están operando medianamente, que trabajan en aproximadamente cien empresas.
Esta herramienta apunta a descentralizar, generar un desarrollo más equitativo y a optimizar la infraestructura. Uno de sus objetivos principales es favorecer la complementariedad entre los diferentes actores y las cadenas de producción.
Lazo sostuvo que con respecto a los cambios, el primero de ellos refiere a la inclusión en el régimen de la figura de los parques científico – tecnológicos, además de la del parque industrial original. El rol de este tipo de parques es de gran valor al aportar generación de conocimiento.
Se trata además de ampliar el rango de actividades que realizan los parques. Hoy en día la normativa es muy restrictiva en ese sentido y tenemos una nueva industria que ha tomado diferentes formas y es necesario incorporarlas. En el mismo sentido, hay varios servicios que se incorporan dentro de las actividades industriales más tradicionales.
Otro de los puntos que aborda este proyecto es que se otorgan nuevos estímulos fiscales a los instaladores de parques, y además se establece por ley, la posibilidad de un diferencial positivo para los emprendimientos que sean usuarios respecto al régimen general de promoción de inversiones.
Se faculta además a los entes públicos a que puedan dar mejores condiciones –tarifas o precios de bienes de servicios- a los parques.
Por último se establece que no se podrá otorgar un trato menos favorable a las Mipymes y empresas autogestionadas de cooperativas respecto a otros usurarios.
Además, establece un régimen transitorio, que permite incorporar beneficios a quienes ya están instalados en parques.
Para la senadora, también es importante destacar que el proyecto de ley establece un marco de colaboración entre distintos organismos para realizar, justamente, la fiscalización y el reporte de cualquier tipo de infracción que se esté dando respecto al parque.
El proyecto, que contaba con media sanción de la Cámara de Representantes, tuvo modificaciones en el Senado, por lo cual volverá a la Cámara de Diputados para su consideración.