DECLARACION
El directorio de Antel aprobó el 15 de agosto una resolución que obliga a la empresa pública de las y los uruguayos a entregar a privados el uso de la fibra óptica.
La medida ahora aprobada, fue rechazada reiteradas veces en el Parlamento Nacional desde 2020, tanto en el proyecto de ley de la LUC (2020), en las rendiciones de cuentas, como en diferentes versiones del proyecto de Ley de Medios (2021 – 2023).
El Estado uruguayo a través de su empresa tuvo una visión estratégica de desarrollo al construir la red de fibra óptica, los cables submarinos que conectan al país internacionalmente y el Data Center.
La inversión tuvo el objetivo de garantizar el acceso de la población a conectividad de calidad, en tanto es un instrumento para el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales de las personas.
Con esta medida, Antel facilita a los privados el ingreso al mercado de venta del servicio de internet por Fibra Óptica, utilizando con fines meramente lucrativos, la infraestructura concebida para el cumplimiento de derechos. De acuerdo a estimaciones del propio directorio, esto significa una renuncia de ingresos al Estado de hasta 60 millones de dólares anuales.
Consideramos necesario frenar la aplicación de esta resolución tomada administrativamente y en contra de la voluntad del legislativo, y que derivaría en grandes perjuicios para el Estado uruguayo.
El Frente Amplio, en protección del patrimonio público, exige al Gobierno nacional que frene esta entrega del patrimonio nacional a meses del cambio de Gobierno.
También reafirma que realizará todas las acciones parlamentarias necesarias y se estudiarán las medidas de aplicación para detener esta resolución.
MESA POLITICA NACIONALDEL FRENTE AMPLIO
Montevideo, 19 de agosto de 2024