En el comienzo del último año del gobierno de Luis Lacalle Pou los cambios milagrosos que se prometieron en la campaña electoral no se traducen en resultados concretos que mejoren las condiciones de vida de la gente. El país lleva cuatro años de estancamiento y retroceso. La mayoría de las uruguayas y uruguayos viven peor y es el resultado del modelo de país que está implementando la coalición conservadora liderada por el herrerismo, un modelo que busca favorecer los intereses de las minorías privilegiadas, los “malla oro” a los que alude con tanto entusiasmo nuestro presidente.
La medida de su fracaso es el compromiso asumido frente a la ciudadanía y hoy, cuando comienza el ocaso de su mandato, el “compromiso por el país” de 2019 se transformó en letra muerta. Ninguno de los trece ejes que estructuran el contrato de la coalición con la ciudadanía tiene un saldo exitoso. Luego de cuatro años de gobierno los datos son concluyentes, aumentó la riqueza pero quedó concentrada en pocas manos.
Aumentaron los precios de los productos de la canasta básica y los combustibles; en los hospitales faltan medicamentos; hay más gente viviendo en las calles; aumenta la pobreza, especialmente la pobreza infantil; los salarios y las jubilaciones bajaron durante cuatro años y el poder adquisitivo empeoró; para un amplio sector de la sociedad el acceso a la vivienda resulta inalcanzable, agravado por los casos de favorecimiento a personas cercanas a los gobernantes; perdemos soberanía con la entrega del Puerto; la política internacional no genera resultados comerciales ni diplomáticos; se profundizan los problemas de inseguridad; la transformación educativa fue un nombre rimbombante para encubrir un ajuste presupuestal que se tradujo en recorte de horas docentes y de inversión en nuevos edificios; se implementó bajo el nombre de reforma de la seguridad social un ajuste al gasto social que recae sobre las espaldas de trabajadoras y trabajadores que trabajarán más años y percibirán menos ingresos.
Por ejemplo, prometieron poner las cuentas en orden y el resultado es el aumento de la deuda externa y el incumplimiento de la promesa de bajar el déficit fiscal que tanto denunciaron a pesar de los recortes en salarios, jubilaciones e inversión social. Prometieron un estado inteligente y transparente y en todos los niveles del Estado ingresan militantes y dirigentes de sus partidos a dedo, sin concurso. Pululan los contratos con fundaciones amigas. Debilitaron la JUTEP, la SENACLAF y todos los organismos de control.
Prometieron dar impulso al crecimiento y dejaron solos a los productores con la sequía, al sector turismo en temporadas difíciles, a los comercios de los departamentos limítrofes con los países vecinos no recibieron respuestas frente a la situación en la frontera. Aumentaron los combustibles y los impuestos como el IVA o el IRPF con el cambio de cálculo.
Prometieron mejor la inserción internacional y abrir mercados pero no hay avances en la apertura de nuevos mercados, ni se concretan los acuerdos que se anuncian con bombos y platillos. A nivel diplomático Uruguay ha perdido peso en el concierto internacional.
Prometieron mejorar la seguridad y la inseguridad crece en todo el territorio nacional, recayendo más fuertemente sobre la población con menos ingresos. Se dice que bajaron los delitos pero la
realidad es que se desincentivan las denuncias. Aumentan las muertes dudosas y los homicidios. Se flexibilizaron los controles al lavado de dinero del narcotráfico y existe una creciente percepción en la ciudadanía de que su influencia se expandió. Es indudable el retroceso en materia de convivencia que atraviesa nuestra sociedad.
Prometieron transformar la educación y el resultado ha sido un recorte brutal de su presupuesto, de horas docentes y de construcción de nuevos locales. Se han dedicado a cambiar nombres a cosas que ya existían. Entre otros retrocesos, pararon el desarrollo de la universidad en el interior.
Prometieron proteger a los más débiles pero eliminaron los programas sociales de acompañamiento. Han hecho fuerte énfasis solamente en trasferencias de dinero, tan criticadas en el pasado. En el mundo del trabajo apostaron a puestos laborales de baja calidad, por eso hay 100 mil personas más que ganan menos de 25 mil pesos.
En Salud el deterioro de la gestión del sistema es inocultable, se alargaron las esperas para especialistas, cada vez es más difícil atenderse porque apuestan por modelos a los que se accede pagando dinero extra. El sistema mutual se ha visto debilitado.
Frente a cinco años de estancamiento proponemos recuperar la esperanza por Uruguay
Construimos un programa con la gente y para la gente. El pasado 10 de diciembre el Congreso Tabaré Vázquez aprobó una propuesta de futuro que es el resultado de un amplio proceso de intercambio democrático a lo largo de todo el país. Dos años de estudios rigurosos y escucha activa.
Nuestro país tiene urgencias que no pueden seguir opacadas por los escándalos de corrupción que colmaron la agenda pública en los últimos meses. El país precisa hablar más de cómo resolver la pobreza infantil y menos de los acomodos en Salto Grande; hablar más de los problemas de empleo en la frontera y menos de Astesiano; hablar más de soluciones para el incremento de la incidencia del crimen organizado y menos del escándalo que se generó con el pasaporte del narcotraficante Marset.
Para que esto pase no se puede barrer debajo de la alfombra. Se precisa responsabilidad de las autoridades, que tienen que decir todo lo que saben y colaborar con el Poder Judicial, pero lo fundamental es que el país retome la senda del crecimiento, desarrollo y vuelva a ser una referencia de avances para el mundo y la región.
Un proyecto de país por Uruguay
Desarrollamos un proyecto de país construido sobre nuestros principios, los que nos convocaron y nos unieron hace 53 años, que nos definen y marcan nuestras opciones y caminos: Democracia, Derechos Humanos, Libertad, Igualdad, Solidaridad, Soberanía. Elaborado con todas las voces, desde todos los rincones del país.
La base es un programa que impulsa una transformación social y productiva sostenible. Que concibe el desarrollo multidimensional: generación de capacidades individuales, colectivas e institucionales para la transformación productiva y social que conduzca a mejorar las condiciones materiales, sociales, ambientales y culturales, con ampliación de las libertades y la participación política, para la construcción de una sociedad inclusiva, profundamente solidaria, apoyada en el conocimiento y la educación basado en la transformación y diversificación de la matriz productiva, asumiendo una transición ecológica justa y con la prioridad de la ciencia, la tecnología y la innovación. Con fuerte inserción y consideración de la diversidad territorial.
Que tiene al trabajo como un pilar de la transformación productiva y de la integración social y promueve la construcción de un país de bienestar, que nos cuide, que nos ampare, que nos impulse: un país solidario es un país sostenible, un país con fuerza para asumir y construir su futuro.
Un proyecto que asume los cuidados como derecho humano y se plantea una estrategia integral de apoyo a las infancias y adolescencias. Impulsa el fortalecimiento del sistema de salud y la prioridad de la salud mental. Por eso impulsamos una estrategia integral para elevar la calidad de vida y la participación social de las personas mayores.
Que plantea el afianzamiento de políticas focalizadas orientadas al desarrollo personal y social, articuladas con las políticas universales de salud, educación y trabajo para las personas con discapacidad.
Que en materia de vivienda propone el combate a la segregación residencial, acceso al suelo con infraestructura y servicios necesarios, atención a la emergencia habitacional y una política nacional de alquileres vigorosa.
Que entiende a la educación como un derecho humano, para todas las personas, toda la vida y plantea una Seguridad Social que contemple los cambios en el mundo del trabajo, revierta los retrocesos de la reforma implementada por el actual gobierno y genere respuestas universales.
Para todo esto es imprescindible avanzar en la distribución del ingreso y la riqueza, el combate a la pobreza y la desigualdad en todas las esferas: la infancia y la adolescencia son la urgencia.
Un país que entienda la cultura como derecho, como pilar del sentido de la vida y de la fuerza constructora de la sociedad y la perspectiva de género como transformadora de la sociedad. Enfrentar a la violencia bajo todas sus formas.
Atender en carácter de emergencia la precariedad de las condiciones de vida y el hacinamiento en la reclusión penitenciaria. Las políticas de rehabilitación como prioridad y un fuerte impulso a las políticas de convivencia.
Nos planteamos la profundización de la democracia y construcción de ciudadanías: confluencias de la sociedad, la convivencia democrática y en paz, las grandes transformaciones del país, los vínculos solidarios que fortalecen la sociedad requieren firmes y durables consensos sociales: su construcción es una tarea imprescindible, urgente, prioritaria.
Proponemos un país integrado y diverso: el territorio protagonista del desarrollo. La ruralidad: la familia y el trabajo rural. Un país soberano integrado a la región y al mundo, que asume y defiende equilibrios e intercambios justos, la autodeterminación de los pueblos y la paz como principios centrales.
Un Estado para el siglo XXI: nuevas institucionalidades, transparencia y participación ciudadana.
DOCUMENTO POLITICO APROBADO POR UNANIMIDAD
Montevideo, 26 de febrero de 2024