El acuerdo del puerto es «inconstitucional, ilegal e inconveniente». 

Para el senador Charles Carrera, este acuerdo implica una «entrega de la soberanía». Se trata de un acuerdo que demostró falta de transparencia y opacidad en una negociación que merecía – en razón de los intereses en juego- un tratamiento superior, de política de Estado. 

En la conferencia se estableció que se actuó con secretismo, ocultando información –que hasta hoy no se ha aportado- y comprometiendo nada menos que la soberanía nacional de nuestra principal puerta comercial por 12 períodos de gobierno. 

Los legisladores frenteamplistas entienden que es un acuerdo inconstitucional, ilegal e inconveniente. 

Inconstitucional porque viola una norma muy clara de nuestra Constitución que establece que solamente por una ley por mayorías especiales se puede disponer la creación de un monopolio privado. 

Ilegal porque viola un conjunto de disposiciones como la Ley de Puertos, la de libre competencia; la propia ley que dispuso la concesión de la Terminal Cuenca del Plata, e inconveniente porque afecta toda la cadena económica del país; afecta a los exportadores cuando sale el trabajo de los uruguayos hacia afuera; afecta a los importadores, al comercio interno, en definitiva, a nuestros bolsillos.

Carrera informó que en la tarea de investigación y preparación para la interpelación, se tomó conocimiento de una situación muy grave. En el año 2002 existió un llamado a licitación para una terminal polivalente de los muelles 8, 9,10 y 11 del puerto de Montevideo. Allí se establecía la posibilidad del manejo de contenedores entre otras actividades; la empresa Katoen Natie recurrió promoviendo la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, obteniendo una sentencia en contra.

En suma, existe un expediente administrativo (432/2004) y existe una sentencia (380/2008), que dispuso que la actuación del Estado fue legítima, que las leyes uruguayas no le dan ninguna exclusividad a KN en el manejo de contenedores, que lo único que le otorgó fue el uso de una terminal especializada pero no la exclusividad en el manejo de contenedores. Además, que quien debe fijar la política portuaria es el Poder Ejecutivo y que el gobierno de la época actuó de forma ajustada a la ley.

Para Carrera, en el año 2002, contrariamente a lo que sucede hoy, bajo la presidencia del Dr. Jorge Batlle «con una actitud republicana y de defensa de la soberanía nacional, el Estado defendió la posición de que en el puerto de Montevideo rige la libre competencia».  

Concluyendo, para el senador la empresa no actuó con buena fe, porque en su comparecencia en la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores, no hizo mención a estos actos administrativos ni a esta sentencia de nuestro máximo órgano jurisdiccional administrativo.

Con este acuerdo lo que existió fue un cambio en la política pública a partir de la asunción del Pte. Lacalle. Del año 2000 al 2020, en materia de política portuaria se actuó defendiendo los intereses nacionales y no los de parte interesada alguna. Se actuó dirimiendo conflictos.

Esta sentencia era una prueba fundamental con la que contaba el Estado para el eventual juicio que amenazó la empresa Katoen Natie, sin embargo el Poder Ejecutivo se amputó la posibilidad de usarlo en su defensa con el acuerdo firmado.

Esta sentencia demuestra también la absoluta incompetencia del gobierno en la negociación; no investigó la existencia de antecedentes –como este- que hubieran permitido la defensa de los intereses nacionales de manera diligente.

A continuación se adjuntan expedientes a los que se hizo referencia en la Conferencia de Prensa.