Educación: recorte de presupuesto, falta de participación, desmantelamiento de programas, cambio de nombres a buenas políticas.

El Gobierno apura una mal llamada transformación educativa con restricciones de presupuesto, de tiempos y políticas que deterioran la Educación Pública y que empantanan los cambios necesarios. Parece estar más preocupado por los temas electorales que por una verdadera reforma que atienda los desafíos reales de la educación en Uruguay.

Una supuesta transformación basada en eslóganes o cambio de nombres a políticas que ya se implementan como las tutorías, el acompañamiento, los liceos de tiempo extendido, entre otros.

Falta de Participación                                                                                                                         

Estudiantes, familias, docentes y egresados ven reducidas las posibilidades de construir una mejor educación en jardines, escuelas, liceos y escuelas técnicas, centros de formación en educación y en estos días también en la Universidad Tecnológica porque no se ofrecen espacios de participación y sus voces son desestimadas.

No existen cambios viables y reales en educación sin la participación de los integrantes de las comunidades educativas y sin escuchar a sus actores académicos, tampoco excluyendo del diseño de las políticas educativas a los docentes. Contrariamente, se criminaliza, persigue y amenaza a los docentes y estudiantes.

Tanto en la ANEP, en el CFE, la UTEC y la UdelaR el gobierno se ha dedicado a poner palos en la rueda a los procesos de democratización y descentralización en marcha que generaron más propuestas educativas en todo el país y mayor cantidad de personas estudiando.

Recorte del Presupuesto

Este Gobierno ejecutó un  recorte presupuestal en estos tres años. En la educación inicial, primaria y media se estiman 140 millones de dólares menos, mientras que, en el caso de la Universidad de la República, el monto es de unos 39 millones de dólares de pérdida. Esto compromete las propuestas educativas a lo largo y ancho del país y los salarios de los trabajadores. Los cambios necesarios para la educación no se realizan quitando recursos.

La educación en Uruguay fue clave en momentos de pandemia. El esfuerzo de estudiantes, familias y docentes, así como la infraestructura de Antel y el Plan Ceibal hicieron de nuestro país un ejemplo en el mundo. Pero dos años de pandemia dejaron nuevos problemas: el aumento de la pobreza infantil, las situaciones de salud mental de nuestras infancias y adolescencias, la asistencia a clases, los aprendizajes, entre otros.

La actual reforma no soluciona estos problemas, ni tampoco los que existían antes de la pandemia, dado que no previó recursos significativos en Rendiciones de Cuentas para paliar las principales consecuencias que trajo aparejada la situación sanitaria y la creciente exclusión socioeconómica producto de una política de ajuste fiscal generalizado, tampoco aborda los desafíos educativos previos a la situación de pandemia. Por el contrario, expone a los centros educativos a un comienzo de año lectivo lleno de incertidumbres y retrasos en la elaboración de nuevos programas, regímenes de evaluación y elecciones de horas docentes.

Gestión caótica

En Formación en Educación la reforma es especialmente nociva y promete una situación caótica. La existencia misma del Consejo de Formación en Educación se ve amenazada como resultado de la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura y la inoperancia de los consejeros designados políticamente, lo que abre el camino a las universidades privadas. El proceso de universitarización emprendido se canceló, ofreciendo en cambio una certificación de pretendido carácter universitario que no contribuye en lo absoluto a la mejora de la formación en educación ni a la consolidación de una formación universitaria.

El Frente Amplio se manifiesta contrario a los cambios en la Ley de UTEC que fueron fruto de amplios acuerdos políticos y cree imprescindible avanzar en la creación de la Universidad Nacional de Educación, autónoma y cogobernada, para otorgarle un verdadero carácter universitario a la formación en educación.

El gobierno tiene dificultades para demostrar con indicadores la mejora de la que habla en su campaña  publicitaria, que en muchos casos es menos de lo mismo. Como contrapartida, modifican los reglamentos referidos a la evaluación y pasaje de grado al final de este año lectivo, reduciendo las exigencias académicas e ignorando la planificación anual de los docentes.

Cambios negativos y a las apuradas

Además de la forma, nos preocupa el contenido. Asistimos a un cambio de programas en educación básica y formación en educación con un sesgo conservador que se evidencia en la perspectiva de la educación sexual, derechos humanos, terrorismo de estado, confundiendo el gobierno relatos con producción académica de  carácter científico. Retrocedemos en la construcción de una sociedad con más libertad y más igualdad.

Estos cambios se hacen en la más absoluta soledad en contra de la opinión de los estudiantes, los docentes, las familias o los actores académicos e institucionales y a una velocidad récord en elaboración de documentos que van a estar vigentes en marzo de 2023 y que aún no están aprobados.

Resulta bastante claro que:

• es una reforma de papel que difícilmente logre ingresar a las aulas,
• que no aborda los problemas que tienen nuestras infancias y adolescencias,
• y que no mejora nuestra educación.

Uruguay tiene una rica tradición en la elaboración de políticas de estado en materia educativa, que han tenido en cuenta la participación en todos los niveles, con experiencias que permiten concertar políticas públicas de largo plazo como fueron los acuerdos multipartidarios, entre otros.

Todo ello preservando un principio vareliano que viene de los orígenes de nuestro sistema educativo: la autonomía. Principio este que aleja a la educación pública de los vaivenes electorales partidarios y tiene la potestad de convertirla en una causa de estado.

El gobierno optó por realizar una transformación educativa en soledad, sin diálogo y por un camino equivocado que no lleva a la mejora de la educación pública.