Una política económica barata y tardía
En tiempos de crisis la política económica tiene dos roles fundamentales e insustituibles: implementar medidas de reactivación económica y reforzar la red de protección social. Para la reactivación económica los países expanden el gasto y la inversión pública.
Para reforzar la protección social implementan programas de ayuda mediante transferencias en dinero para amortiguar la caída de ingreso de las familias más vulnerables.
Estas ayudas a familias tienen también un efecto en la reactivación, ya que contribuyen a suavizar la caída del consumo interno.
Entre los últimos de la fila
A pesar de lo que están haciendo todos los países y es recomendado por todos los organismos internacionales, el Gobierno uruguayo destinó pocos recursos para combatir las consecuencias económicas y sociales del COVID, lo que nos ubicó entre los peores de la clase en 2020. Los recursos fueron pocos en 2020 y, según los números del propio Gobierno, serán menores aún en 2021, a pesar de los enormes problemas que enfrentan tantos compatriotas, a partir del marcado aumento de la pobreza, la caída del empleo y de los ingresos de los hogares.
El Gobierno intentó defender su política económica barata con tres argumentos:
1) El presidente de la República puso en duda la exactitud de la información publicada por la CEPAL que ubicaba a Uruguay en el último lugar respecto de la magnitud de los recursos destinados para el combate a la crisis económica.
2) Puso la excusa de que, a diferencia de otros países que tuvieron que cerrar la “perilla” de la economía imponiendo cuarentenas, en Uruguay no se requería invertir tanto porque la pandemia en Uruguay iba a tener un menor impacto económico.
3) Por último, culpó al Frente Amplio por dejarle una situación financiera que no le permitía volcar más recursos.
Está claro que el Gobierno se equivocó en sus tres afirmaciones:
1) En cualquier comparación internacional Uruguay aparece entre los países que menos recursos ha invertido en el combate a la crisis.
Además de la información de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que molestó al presidente de la República porque ubicaba a Uruguay entre los últimos países de América Latina, el FMI (Fondo Monetario Internacional), incluye a Uruguay entre los últimos del mundo, con 0.8 % del PIB (Producto Interno Bruto), ocupando el lugar 164 en una lista de 181 países.
2) Pecó de optimista y poco prudente. Erró en sus cálculos porque la crisis en Uruguay impactó mucho más fuertemente de lo que esperaba. Dijo que en 2020 el PIB iba a caer 3.5 %. Sin embargo, la caída fue de 5.9 %, casi el doble de lo que había previsto. La magnitud de la crisis uruguaya terminó siendo similar a la de países que optaron por cerrar su economía durante períodos prolongados, confinando a la gente en sus casas. Dos ejemplos: Chile, con una caída del PIB de -5.8% y el promedio de los países de Europa, con caída del PIB de -6.6 %.
3) El Gobierno sí puede invertir más en el combate a la crisis económica, ya que cuenta con el respaldo y los recursos necesarios para ellos: Uruguay sigue teniendo buena salud financiera, un nivel y perfil de deuda manejable, mantiene el grado inversor de su deuda y tiene acceso al financiamiento a tasas de interés históricamente bajas.
El Poder Ejecutivo subestimó la magnitud y efectos de la crisis, y no invierte mayores recursos porque es fanático del ajuste fiscal.
Mientras todos los países del mundo aumentan el gasto público para contrarrestar la crisis, el Gobierno sigue adelante con su plan de ajuste fiscal en plena pandemia. La realidad cambió drásticamente a partir de la pandemia y sin embargo siguió con el mismo libreto, como si nada hubiera pasado. En 2020, con su plan de achique, los recortes en el sector público, en términos reales, fueron de -1.5 % en remuneraciones, -5 % en los recursos para funcionamiento y -12 % en inversiones.
No solo no hubo un plan de inversión en infraestructura para dinamizar la economía, sino que durante 2020 y 2021 la inversión será inferior que los niveles alcanzados previo a la pandemia.
Pocos recursos en 2020 y menos recursos para 2021
Los egresos del Fondo COVID fueron de U$S 711 millones en 2020 y, según lo anunciado por la ministra Arbeleche el 20 de abril, alcanzará a U$S 900 en 2021. El Gobierno comunicó estas cifras como un aumento de los dineros utilizados en el apoyo a los sectores y personas más afectadas por la crisis. Pero la comunicación es engañosa, ya que no se trata en realidad de un aumento, por el contrario, es una reducción de los recursos previstos para 2021.
Resulta que el Fondo Covid incluye conceptos que no tienen que ver con lo que efectivamente se dirige al apoyo económico: incluye gastos en insumos médicos (vacunas, equipamiento, kits de test, etc), y dineros que el BPS deja de recibir porque ahora hay trabajadores que no aportan por estar en seguro por enfermedad o seguro de desempleo. Deducidos entonces estos conceptos, resulta que el tamaño del esfuerzo para combatir la crisis económica fue de U$S 451 millones en 2020 y está previsto que sea de U$S 430 millones en 2021. Estas cifras nos ubican por debajo del 1 % del PIB y lejos de lo que el resto de los países están haciendo.
Las medidas comunicadas en forma confusa pero siempre con bombos y platillos, en realidad fueron de poco impacto y llegaron tarde. Y los resultados, lamentablemente, están a la vista.
Durante 2020 en Uruguay creció la pobreza (hay 100 mil nuevos pobres, de los cuales 30 mil son personas que tienen trabajo), se perdieron 60 mil empleos, 110 mil trabajadores en promedio estuvieron en el seguro de desempleo durante el año 2020, cayeron los salarios y los ingresos de los hogares (caída real del salario de -1.7 % y el ingreso de los hogares -7.1 %) y miles de uruguayos dependiendo de la solidaridad organizada en las ollas populares.
Mientras que los países aumentan temporalmente el déficit fiscal para combatir la crisis, Uruguay continúa su política de ajuste. A los efectos de comparar, los países llamados “emergentes” (aquellos de ingreso medio) aumentaron el déficit fiscal, en promedio, a 9.3 %, y el promedio de América Latina a 6.9 %, mientras que Uruguay registró un déficit de 5.8 % en 2020 y prevé llevarlo a valores entre 4.3 % y 5 % en 2021.
Medidas de apoyo anunciadas por el Gobierno: necesarias, tardías e insuficientes
El pasado 20 de abril la ministra de Economía y los ministros de Desarrollo Social, Trabajo, Industria y Turismo, anunciaron un conjunto de medidas de apoyo dirigidas a la población más vulnerable y a las empresas de los sectores más afectados por la pandemia.
Dichas medidas, si bien son necesarias y bienvenidas, resultan tardías porque llegan más de un año después de iniciada la pandemia. Además, son claramente insuficientes tanto en monto, como en la cantidad de empresas y personas incluidas, así como también en la duración prevista del apoyo.
Los anuncios, en muchos casos, no son medidas nuevas sino la extensión en el tiempo de medidas ya comunicadas, y los montos siguen siendo muy bajos. Por ejemplo, luego de un año transcurrido desde el inicio de la pandemia, se duplica la Asignación Familiar que reciben los hogares más desprotegidos. Este incremento significó aumentar la ayuda en $ 24 por persona por día para un hogar de dos adultos y dos escolares. Similarmente, la canasta de alimentos, creada al inicio de la pandemia, finalmente se duplicó su valor: el aumento equivale a $ 40 pesos por día.
Luego de un año de pandemia, finalmente se contempla a los trabajadores informales de los sectores más afectados (unas 8 mil personas), con un ingreso por tres meses de $ 7.305.
Por otra parte, no se anunció ninguna medida orientada a la reactivación económica: ni nuevas inversiones públicas, ni adelanto de las ya presupuestadas, ni nada parecido al Plan Marshall reclamado desde las propias filas del oficialismo.