Nuestro país atraviesa una inmensa crisis del agua que afecta a todos y todas, y específicamente a los pequeños y medianos productores rurales, a las industrias, a las instituciones de cuidados de infancias y adultos mayores, a las instituciones de salud y a los centros educativos.
La mala gestión de la crisis, es una muestra más de un gobierno que llega tarde y mal a resolver los problemas y las necesidades de la mayoría de la sociedad.
Como fuerza política vemos con preocupación que el Poder Ejecutivo no defina la emergencia sanitaria y convoque al Sistema Nacional de Emergencia para abordar esta crisis de la forma que amerita. Desde mayo los gobiernos departamentales del Frente Amplio plantearon primero a nivel de Montevideo, la necesidad de declarar la Alerta en el marco del Comité de Emergencia Departamental y luego Montevideo y Canelones lo solicitó en la reunión mantenida en la Torre Ejecutiva con el Ministerio de Ambiente, de Salud, de Desarrollo Social, y la intendencia de Lavalleja. En las dos instancias el Poder Ejecutivo negó esta posibilidad.
Hoy más de la mitad de la población del país, que vive en el área metropolitana, recibe en su casa agua que no es potable y eso se debe a que el Gobierno de coalición no ha respondido a esta crisis con la responsabilidad que se debe.
Las pocas e improvisadas medidas que el Gobierno ha tomado hasta el momento son más funcionales a objetivos de imagen más que a la seriedad y responsabilidad que debe tener un Gobierno Nacional, frente a una crisis que se profundiza día a día.
Los niveles de Sodio, Cloruros, Sólidos Totales Disueltos y Conductividad en el agua del área metropolitana superan los valores máximos permitidos en la norma Nacional y en algunos casos superan los valores definidos en la excepción otorgada por el Poder Ejecutivo del 4 de mayo de 2023. Valores que son conocidos debido a que la Intendencia de Montevideo hace públicos los datos de calidad de agua corriente dos veces por semana los datos de calidad de agua corriente en Montevideo.
El 7 de junio URSEA publicó información que muestra que los valores de Trihalometanos superan ampliamente el valor máximo permitido en la Norma, y se generó una nueva excepción del Poder Ejecutivo que vuelve a modificar los niveles de calidad del agua que brinda OSE. Todo aumenta el riesgo ante el consumo del agua y afecta cada vez a más a las personas y a diferentes sectores de la economía.
El Frente Amplio ha alertado de forma sistemática sobre el agravamiento de esta crisis y ha hecho propuestas concretas e implementado acciones. Los directores de OSE y URSEA, han propuesto medidas que no han sido atendidas. Las bancadas Parlamentarias han presentado propuestas para facilitar el acceso a agua embotellada, a través de la eliminación de impuestos. Desde los Gobiernos Departamentales de Montevideo y Canelones se han planteado medidas y acciones que se vienen desarrollando para brindar apoyo a las poblaciones más vulnerables ante la falta de medidas del Gobierno Nacional.
Es notoria la falta de medidas para garantizar el acceso a agua potable. La compra de agua embotellada genera nuevos costos en los ya deteriorados bolsillos de las familias uruguayas. De acuerdo a datos que se hicieron públicos, el presupuesto que destinan los hogares a agua embotellada aumentó un 30% en mayo.
La población del área metropolitana tanto para el consumo de agua de calidad y segura, así como para la producción ha recibido casi exclusivamente el apoyo de los gobiernos departamentales del Frente Amplio. La Intendencia de Canelones ha desplegado la distribución de agua para consumo y riego a pequeños y medianos productores de las áreas rurales y ha intensificado los controles y las exigencias ambientales a las actividades que afectan al Río Santa Lucía para procurar el cuidado y la protección del curso. Asimismo, la Intendencia de Montevideo brinda apoyo económico para el acceso a agua embotellada a los usuarios y usuarias de sus policlínicas que sufren patologías específicas, entrega agua embotellada a jubilados y pensionistas de bajos ingresos, y a las ollas y merenderos que apoya con alimentos.
Nuestra fuerza política se compromete a trabajar en todos los ámbitos donde despliega su accionar, tanto institucional como territorial, para ayudar a que nuestro pueblo afronte estas dramáticas circunstancias con solidaridad y esfuerzo colectivo y con los soportes que debe garantizar el gobierno en un Estado que cuida a la gente.