El pasado jueves, a pocos días de finalizar el período de gobierno y en el marco de la transición, nos llama la atención la firma del contrato con el Consorcio de Aguas Montevideo parte del Presidente Luis Lacalle Pou para la construcción de una toma de agua y planta potabilizadora en Arazatí, departamento de San José.
La iniciativa, que fue planteada como la generación de una fuente complementaria a Aguas Corrientes, ha sido observada y cuestionada por la enorme mayoría de la academia, la sociedad civil y la población local con argumentos muy contundentes.
De la multiplicidad de informes que se han generado durante el proceso de discusión y la puesta de manifiesto del proyecto, se desprende su inconveniencia como solución a las necesidades de desarrollo de infraestructura para el abastecimiento de agua potable del área metropolitana. La obra planteada no garantiza el abastecimiento de agua potable, al tiempo que genera impactos ambientales, sociales y económicos negativos. Asimismo, sobre el proyecto también recaen cuestionamientos sobre su constitucionalidad en relación al Artículo N° 47 de la Constitución.
OSE es una empresa pública que se financia a través de su tarifa, sus ingresos rondan los 550 millones de dólares. El costo total estimado del Proyecto estaría entre 900 y 1.000 millones de dólares, en pagos anuales durante 17,5 años. A esto se suman los compromisos asumidos en préstamos por saneamiento de más de 400 millones de dólares. El proyecto deja a la empresa pública sin capacidad para enfrentar futuras inversiones que son fundamentales para el país en los 19 departamentos.
Desde el Frente Amplio nos manifestamos en contra del proyecto desde el primer momento. Los amplios cuestionamientos que generó el mismo y la no priorización de obras como la represa de Casupá que brindarían una respuesta más eficiente a la situación del área metropolitana, ha llevado a posicionarnos de esta manera. Rechazamos el proyecto porque es insostenible desde el punto de vista financiero y social.
En pocos días asumirá un nuevo gobierno encabezado por el compañero Yamandú Orsi, quien ha hecho llegar al Presidente Lacalle Pou su posición contraria a través de una carta.
Confiamos plenamente que las compañeras y compañeros designados para integrar el próximo gobierno nacional actuarán con firmeza frente al daño que el contrato genera.
El Frente Amplio ha manifestado en reiteradas oportunidades su oposición al proyecto y la consideración de que la firma del contrato es absolutamente inconveniente. Por esto, una vez más rechazamos de manera enfática la firma, que innova en una materia muy sensible por parte de un gobierno que ya está de salida.
Montevideo, 27 de enero de 2025 MESA POLITICA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO