Inspirado en la concepción herrerista del Estado, el gobierno lleva adelante un plan de desmantelamiento que desarticula las capacidades instaladas que pusieron a Uruguay en la avanzada en las políticas de desarrollo de un mundo en transición.
Una vez más en la historia, y en el cuarto año de gobierno, se evidencia la concepción herrerista del rol del Estado, marcada por una tendencia a beneficiar al sector privado en detrimento del público con acciones poco transparentes.
En el comienzo del actual periodo de gobierno se entregó el Puerto a una multinacional belga sin contrapartidas para el Estado y sin escuchar al parlamento. De esta manera, quedó en manos extranjeras la operativa y el manejo de ingresos de mercaderías al país, la salida de la producción y el trabajo nacional.
Con este Gobierno la pérdida del peso de las empresas públicas en el desarrollo nacional ha quedado en evidencia. La constante ha sido el ajuste, la desinversión, achicamiento, entrega de negocios, atraso en la innovación y falta de planificación en OSE, UTE, ANP, ANTEL, y ANCAP.
En las últimas semanas la angustia de la sociedad uruguaya ha estado marcada por la crisis del agua para consumo de los hogares en la zona metropolitana. Más allá de la sequía, el Gobierno tomó decisiones a destiempo y equivocadas que acentuaron gravemente la crisis que vivimos hoy.
La obsesión fiscal del gobierno tiene impacto directo en los retrasos en inversiones y recortes de personal en OSE que explican en buena medida la pésima gestión de esta crisis.
En 2020 detuvieron el proyecto y el inicio de las obras de la represa de Casupá y tomaron la decisión de avanzar en una iniciativa de privados de una planta en el Río de la Plata con gestión de un consorcio privado.
Las recetas que fracasaron y hoy están superadas como paradigma global, reaparecen en nuestro país de espaldas a la ciudadanía y favoreciendo a empresas privadas multinacionales.
El proyecto Neptuno tiene una estimación de costos que duplica otras posibles alternativas, imponiendo que vamos a tener que pagar más de 800 millones de dólares a un privado para que potabilice el agua sin asegurar el abastecimiento del área metropolitana.
La academia se ha pronunciado sobre este proyecto, cuestionando la ausencia de estudios profundos de las características del sitio dónde se ubicaría la toma, por la calidad del agua y los niveles de salinidad. A su vez desde la sociedad organizada se ha remarcado el impacto ambiental de un proyecto mucho más costoso que un proyecto público. Una vez más se llevan adelante iniciativas que favorecen a privados y se aprueban sin información ni participación, como lo establece nuestra Constitución.
Por otra parte, Antel en 2020 tenía todo listo para comenzar con la tecnología 5G pero también lo pararon hasta este año, tratándose de una de las necesidades estratégicas de desarrollo de nuestro país: la tecnología de dispositivos móviles de quinta generación. Una vez más, en un proceso marcado por la falta de diálogo y el secretismo, Uruguay pierde peso a nivel internacional y queda rezagado en el desarrollo de tecnología que será determinante en los procesos productivos del futuro.
Recién el 9 de mayo se realizó la subasta de dos bloques de espectro electromagnético previstos por el Gobierno para comenzar el despliegue de la tecnología 5G. De dicha subasta participaron dos empresas multinacionales Movistar y Claro. Antel si bien accedió a un tercer bloque, debió instalar primero esta tecnología dado su imponente desarrollo de fibra óptica y que ya dispone de bandas de frecuencias bajas, medias y altas. Las autoridades optaron por retrasar el desarrollo de la empresa pública a la espera de sus competidoras.
Todo el procedimiento competitivo vinculado al espectro de la banda de 3,5 GHz, así como los mecanismos de renovación de las licencias de espectro que se realizan a partir de fines del año pasado, estuvieron marcados por opacidades que no generan otra cosa que dudas respecto a las verdaderas intenciones del gobierno, que parece más preocupado en beneficiar a empresas multinacionales que en promover las telecomunicaciones en nuestro país y defender su patrimonio.
El 18 de mayo, ANCAP anunció el pliego de una licitación para la asociación de la industria de cementos de portland y cal. El proceso se realizó sin debate público abierto y transparente, imponiendo un esquema de asociación en el que ANCAP pasa de producir y comercializar a simplemente vender piedra.
El proceso, que parte de un análisis parcial y sesgado, tiene como único punto de innovación la privatización, en un esquema de asociación en el que se absorben los pasivos, se generan incertidumbres. Se entrega la totalidad del negocio a privados, sin resolver el déficit con un modelo en el que ANCAP seguirá asumiendo los costos. El modelo de asociación tampoco deja claro qué sucederá con los puestos de trabajo y establece un porcentaje ínfimo de participación de la empresa pública.
Gracias a las inversiones de los 15 años de Gobierno del Frente Amplio que llevaron adelante la transformación de nuestra matriz energética, en los últimos tres años de sequía no existió riesgo en el abastecimiento para la población y con la infraestructura que el FA dejó, se pudo vender a Brasil y Argentina, lo que representó divisas directas al gobierno central. Sin embargo, el recorte de presupuesto en UTE llevó a los apagones que habíamos olvidado, al quiebre de stock en materiales y a baja en la calidad del servicio para la gente, al tiempo que privilegian la contratación de grandes consumidores y beneficios a privados que llevará a un mayor aumento en la tarifa para la gente.
Explorar nuevas formas de producción y almacenamiento de energia es importante, pero estas iniciativas ha retrasado la puesta en marcha de generación de más energía solar que complemente la eólica y al mismo tiempo se retrocede comprando más combustible.
Para el Frente Amplio es imprescindible seguir generando información de calidad de cara a la ciudadanía, por esa razón saludamos el trabajo de las compañeras y compañeros que nos representan en los servicios descentralizados que continuarán brindando la mayor cantidad de información posible a la población y a la fuerza política.
El 21 de mayo se conmemoró el Día de la Empresa Pública y en ese marco reiteramos el compromiso del Frente Amplio con la defensa de las mismas, que son propiedad de todas y todos los uruguayos, pilares fundamentales para un país más desarrollado con mayor justicia social.
MESA POLITICA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO
Montevideo, 22 de mayo de 2023