Senadores del Frente Amplio presentaron ante la Justicia una ampliación, con importantes pruebas complementarias, de la denuncia judicial contra jerarcas del gobierno, por lo que entendemos es la entrega del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.
Es nuestro deber legal, en tanto funcionarios públicos, como legisladores y es nuestro deber moral, denunciar ante la justicia hechos que, como hemos fundamentado, configuran graves delitos contra el patrimonio público.
Rechazamos la acusación de defender los intereses de empresas privadas, lo que constituye una agresión no sólo contra los Senadores, integrantes de la principal fuerza política del país, que presentamos, confirmamos y ampliamos la denuncia judicial, sino contra el Parlamento del que formamos parte.
Nuestro debate, nuestro profundo desacuerdo y nuestra confrontación es con el gobierno, que es quien ha propiciado esta entrega de la soberanía nacional por un período que excede largamente su mandato, al punto de comprometer, con toda clase derivaciones económicas e institucionales, los próximos 60 años del devenir del Puerto de Montevideo.
El gobierno guarda un llamativo silencio, amparándose en los argumentos de la empresa beneficiaria de tan nociva e ilegal entrega.
Seguiremos haciendo los máximos esfuerzos políticos, institucionales y legales para impedir la entrega del Puerto de Montevideo, que incluye al propio Reglamento General de Atraque de Buques, lo que despoja a la Administración Nacional de Puertos de un instrumento fundamental para cumplir sus funciones reguladoras y la soberanía sobre el Puerto.
Montevideo, 10 de febrero de 2022.