LA BANCADA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL FRENTE AMPLIO ANTE LA APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY URGENTE DEL GOBIERNO
En la madrugada de hoy todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, con excepción de nuestro Frente Amplio, han dado aprobación al proyecto de ley urgente remitido por el Poder Ejecutivo en el mes de abril. Esta mañana se ha ingresado en la discusión en particular de los distintos capítulos que lo integran.
Las y los integrantes de esta Bancada entendemos que este proyecto de ley se encuentra absolutamente desfasado de la realidad que vivimos la enorme mayoría de las y los uruguayos. Además reafirmamos la caracterización que sobre el mismo realizó nuestra fuerza política y la bancada de senadores en la primera fase de su tratamiento parlamentario. El proyecto es inconstitucional, antipopular, represivo y regresivo.
El texto aprobado por la mayoría de la Cámara pone en tela de juicio conquistas alcanzadas por el pueblo uruguayo y tiende a concentrar los recursos y el poder. Este proyecto ha ameritado el más amplio rechazo de organizaciones sociales, instituciones nacionales e internacionales, de la academia y de reconocidos expertos del más amplio espectro quienes han manifestado que muchos de sus contenidos atentan contra libertades y garantías ciudadanas. Los pocos apoyos que recibieron los contenidos centrales del proyecto provienen de sectores históricamente privilegiados o con intereses corporativos muy minoritarios.
Se trata además de un proyecto cargado de señales vacías, incapaces de resolver los principales problemas por los que atraviesa el país, los cuales merecen una solución integral y respuestas serias. El común denominador en las comparecencias del Poder Ejecutivo durante el tratamiento en comisión ha sido la incapacidad de explicitar fundamentos o evidencias para explicar los motivos por los cuales se proponen muchas de las iniciativas incluidas en el proyecto de ley, y la reiteración de un discurso ideológico y de critica al gobierno anterior.
La conclusión a la que arribamos es que las urgencias del gobierno están muy lejos de las urgencias de las mayorías populares y los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Por esa razón se ha hecho prevalecer una urgencia formal sobre la urgencia real de las y los trabajadores afectados por la actual situación de emergencia, con el único objetivo de imponer de forma súbita un programa de gobierno, modificando decenas de leyes y políticas públicas a través del uso abusivo de un instrumento que no está previsto para ese fin, y evitando así un debate social y político profundo.
Durante estos meses el Frente Amplio no se ha quedado de brazos cruzados declarando su oposición al proyecto sino que, desde el Parlamento Nacional, ha hecho un esfuerzo para minimizar los impactos más negativos sobre la sociedad, logrando introducir cambios al proyecto. Sin embargo el corazón de la propuesta sigue siendo el mismo y nuestra convicción es que de aprobarse e implementarse muchas de las normas proyectadas en este texto, las consecuencias para el país serán graves.
En materia de seguridad el proyecto está signado por la demagogia punitiva, en detrimento de las alternativas de rehabilitación y del abordaje comunitario de los problemas de violencia que existen en la sociedad. Bajo la idea de que la única forma de resolver los problemas de la criminalidad es el recorte de libertades y garantías para el conjunto de la población, se incrementan penas y se crean nuevos tipos penales, sin garantizar la coherencia del cuerpo normativo en esta materia y alentando mayores niveles de prisionización. En este capítulo se incluyen también una serie de normas tendientes a incrementar la discrecionalidad de la actuación policial. Esta estrategia ha demostrado, no sólo en el Uruguay sino en el mundo, ser absolutamente equivocada, conduciendo a diversos tipos de abusos y a peores resultados en materia de seguridad pública.
En el capítulo educativo el proyecto contiene modificaciones sustantivas a la ley de educación, sin discusión previa con los actores involucrados, recortando la participación social, avanzando con lógicas privatizadoras y debilitando la autonomía de los organismos encargados de conducir el sistema educativo.
En el área económica el texto intenta dar un mensaje fiscalista en un momento en que los gobiernos del mundo priorizan el gasto público para apuntalar la salida de la crisis. A su vez en un capítulo denominado de “libertad financiera” desmonta buena parte de la política de inclusión financiera, generando perjuicios para las y los trabajadores, incrementando el poder relativo de los empleadores, promoviendo indirectamente la informalidad del empleo y destruyendo mecanismos de prevención del lavado de activos, fundamentales para la lucha contra el crimen organizado.
En lo que respecta a los temas vinculados a las relaciones laborales y la movilización social, las urgencias del gobierno pasan por alto todos los mecanismos de la negociación colectiva, apuntan a una reforma neoliberal del Estado, generan mayores asimetrías entre funcionarios públicos con tareas similares y tienden a afectar las garantías para el ejercicio pleno del derecho de huelga y la movilización.
Señalamos a su vez la ausencia absoluta de una perspectiva de género a lo largo de todo el proyecto de ley, lo que se evidencia en normas que por acción u omisión refuerzan las desigualdades existentes en esta materia.
El neoliberalismo autoritario tiende a debilitar el Estado en sus funciones de regulación de los negocios privados e igualación social, y a incrementar su poder de fuerza para la represión y criminalización de las y los trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad, condición imprescindible para la aplicación de un modelo de empobrecimiento de las mayorías sociales. El núcleo duro de este proyecto de ley apunta exactamente en esa dirección.
Frente a esta realidad, convocamos al pueblo uruguayo a seguir luchando y construyendo alternativas frente al modelo que propone el actual gobierno.